Alan Garcia tiene que estar en su nueva
casa LA CARCEL muy pronto por corrupto, en sus dos mandatos uso el poder para beneficio
de un pequeño grupo de delincuentes aliándose con los incompetentes y también
corruptos fujimoristas. A esta pandilla tienen que investigarlo todos los
decretos de urgencia que aprobó Alan Garcia.
Fuente: La Republica
El vicepresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Álvarez Miranda, dijo que el pasado gobierno aprista desnaturalizó el uso de los decretos de urgencia, y sostuvo que corresponde al Congreso evaluarlos y determinar si hubo responsabilidad política.
"Lo que corresponde evaluar políticamente es si esos decretos contienen en sí mismos delitos o infracción, o simplemente se trató de una ineficiencia técnica en cuanto a su elaboración", señaló.
El jurista manifestó que en el quinquenio anterior se dio un gran número de decretos de urgencia, sin respetar que solo corresponde emitirlos en casos de emergencia o que demanden una inmediata atención.
Durante la administración de Alan García (2006-2011) se emitieron 383 decretos de urgencia, los cuales presentan vicios de inconstitucionalidad y que propiciaron presuntos actos irregulares, según un estudio elaborado por el Instituto de Defensa Legal.
Álvarez añadió que en este tema también tiene su cuota de responsabilidad el Congreso anterior, por haber renunciado a su función de control político del Ejecutivo, en parte por la mayoría con la que contaba el Partido Aprista y sus aliados.
Álvarez Miranda manifestó que muchos de estos decretos se usaron para obras que ya están ejecutadas, comoel Estadio Nacional, pero otros para exonerar de estudios de impacto ambiental algunos proyectos extractivos, lo que a su juicio debe corregirse de inmediato.
Refirió que el TC sí cumplió con su rol de control constitucional, con la derogación de los decretos 001 y 002 emitidos en enero pasado para priorizar 33 proyectos de inversión.
(LaRepublica.pe/Andina)
Fuente: La Republica
El vicepresidente del TC, Ernesto Álvarez, dijo que el APRA desnaturalizó el uso de los decretos de urgencia, y sostuvo que corresponde al Congreso evaluar si hubo responsabilidad política.
"Lo que corresponde evaluar políticamente es si esos decretos contienen en sí mismos delitos o infracción, o simplemente se trató de una ineficiencia técnica en cuanto a su elaboración", señaló.
El jurista manifestó que en el quinquenio anterior se dio un gran número de decretos de urgencia, sin respetar que solo corresponde emitirlos en casos de emergencia o que demanden una inmediata atención.
Durante la administración de Alan García (2006-2011) se emitieron 383 decretos de urgencia, los cuales presentan vicios de inconstitucionalidad y que propiciaron presuntos actos irregulares, según un estudio elaborado por el Instituto de Defensa Legal.
Álvarez añadió que en este tema también tiene su cuota de responsabilidad el Congreso anterior, por haber renunciado a su función de control político del Ejecutivo, en parte por la mayoría con la que contaba el Partido Aprista y sus aliados.
Álvarez Miranda manifestó que muchos de estos decretos se usaron para obras que ya están ejecutadas, comoel Estadio Nacional, pero otros para exonerar de estudios de impacto ambiental algunos proyectos extractivos, lo que a su juicio debe corregirse de inmediato.
Refirió que el TC sí cumplió con su rol de control constitucional, con la derogación de los decretos 001 y 002 emitidos en enero pasado para priorizar 33 proyectos de inversión.
(LaRepublica.pe/Andina)
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